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26.08.10. La Presidenta acusó a Clarín y La Nación de adquirir en forma ilegal Papel Prensa, la firma que provee a los diarios del insumo básico. Los accionistas privados creen que la medida supone un "nuevo riesgo" de intervención estatal en el mercado de los medios gráficos.

La presidenta Cristina Fernández anunció hoy que el Ejecutivo presentará ante la Justicia una denuncia por la adquisición de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación, y que elevará al Congreso un proyecto de ley para declarar "de interés público" la producción de papel para diarios. Con la iniciativa, buscará establecer un marco regulatorio y la creación de una comisión bicameral de seguimiento.

Los anuncios presidenciales se realizaron en la Casa Rosada, donde el Gobierno presentó un trabajo sobre la historia de Papel Prensa que elaboró el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde se informa sobre la venta de la empresa por parte de la familia de David Graiver, durante la última dictadura militar. Los funcionarios denunciaron que la operación de venta habría sido realizada bajo "presiones" y "amenazas", propias del terrorismo de Estado.

Los accionistas privados consideraron que el Gobierno pretende "apropiarse de la compañía" como "una nueva manera de ir contra la prensa independiente" (ver Clarín y La Nación aseguran que las denuncias de la Presidenta son falsas). Asimismo, indicaron que la compra de Papel Prensa, concretada 34 años atrás, fue efectuada de manera  legítima. "El abuso manifiesto del Estado para perseguir injustamente a medios y directivos de empresas periodísticas es una clara muestra de autoritarismo y una amenaza a la libertad de expresión", señalaron.

Regulación. La Presidenta dijo que impulsará un marco regulatorio para el insumo básico que se "produce de manera monopólica por una sola empresa, para que haya un tratamiento igualitario para todos los diarios de la Argentina". De hecho, la intención de declarar como "servicio público" a la producción del papel para diarios implicaría que el Estado pueda regular los precios y restringir la forma en que pueden transferirse las acciones.

Esa iniciativa, que será elevada al Congreso, "donde no tenemos mayoría en ninguna de las Cámaras", aclaró Fernádez, "impulsará también la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento" para que "cada uno de los legisladores, de los partidos políticos, opinen y voten como mejor les parezca" ese marco. Inclusive, los miembros de la comisión bicameral podrían participar en las reuniones de Directorio de Papel Prensa "para que realmente haya control" y "darle transparencia absoluta" a la iniciativa, agregó.

Investigación judicial. En casi 70 minutos de discurso por cadena nacional, la jefa del Estado hizo un relato detallado desde los orígenes de la empresa, su posterior compra por el Grupo Graiver y el traspaso -luego de "presiones, detenciones y torturas" por parte de los militares en 1977- a los que denominó "los diarios apropiadores".

Basada en un informe que elaboró Moreno sobre el traspaso de las acciones de la empresa y en supuestas "prácticas comerciales ilegales", la Presidenta anunció que "se harán las presentaciones judiciales en los estrados que correspondan" porque "solamente los jueces" pueden "condenar".

Anunció que esa tarea estará a cargo del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha y del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quienes estuvieron sentados en primera fila, frente a la mesa donde se expusieron las 26.000 fojas del informe (ver Impulsan investigación por "apropiación ilegal").

Sin Schiaretti y con pocos empresarios. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no fue parte del grupo de mandatarios que acompañó la exposición desde el recinto. Tampoco acudieron miembros de la Unión Industrial Argentina (ver Qué gobernadores asistieron y La UIA no participó del acto).

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