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11/06/09. La reducción de la zona prohibida a extranjeros y sociedades anónimas en tierras fronterizas no disimula la contradicción conceptual de un gobierno que con una mano llama a la inversión externa y con la otra le cierra la puerta.

El portazo vino con el proyecto de ley aprobado el lunes por el presidente Vázquez en el Consejo de Ministros, que prohíbe a inversores extranjeros o sociedades anónimas comprar tierras en una franja de 20 kilómetros de ancho (en vez de los 50 en que insistía el ministro de Ganadería y Agricultura) a lo largo de las fronteras con Brasil y Argentina.

Las ventajas asignadas a la medida por sus propulsores son ilusorias.

Si se trata de evitar contrabando o ingreso de enfermedades que amenacen los rebaños, ambos peligros sobreviven intactos con propietarios nacionales. Las seguridades sanitarias o de comercio lícito no dependen de la nacionalidad de un dueño sino de su honestidad y de sus precauciones contra enfermedades del ganado.

Si lo que se busca es evitar el lavado de capitales de origen delictivo, es fácil establecer la legitimidad de un inversor individual. Es más difícil en el caso de sociedades anónimas, pero el tema es también solucionable mediante vigilancia adecuada, como ya se comprobó en el caso de una venta de campos en Salto.

Frente a la ausencia de ventajas, se erige una ambivalencia oficial que puede ser altamente costosa para el país. El proyecto contraría abiertamente la política proclamada por el gobierno de abrir los brazos a la inversión externa.

Por otra parte, la zona de exclusión, que incluye algunos de los mejores campos del territorio, limita la disponibilidad de tierras que pueden ser compradas.

Conlleva además un tinte xenófobo, que recuerda las viejas campañas de visión corta sobre tenencia extranjera de la tierra y que creíamos haber dejado atrás.

Y la dualidad gubernamental implícita en el proyecto amenaza la confiabilidad que Uruguay ha ganado tan trabajosamente como destino inversor.

En sus muchos viajes en busca de atraer capitales, Vázquez ha afirmado reiteradamente que en nuestro país los inversores extranjeros son tratados igual que los nacionales.

Pero el proyecto de ley que acaba de aprobar establece exactamente lo contrario. Es un mensaje que no pasará desapercibido para los inversores que lentamente están retornando a los países emergentes, con las primeras indicaciones de atenuación de la crisis financiera global.

Los argumentos del ministro Agazzi a favor de una zona fronteriza de presunta seguridad especial tendrán poco peso en la opinión de inversores externos que percibirán una acción discriminatoria en su contra.

La seguridad que se busca puede lograrse mediante controles adecuados del gobierno en las fronteras, sin necesidad de recurrir a una expeditiva norma legal que augura efectos restrictivos en el ingreso de los capitales externos que Uruguay precisa para retomar con firmeza la senda del crecimiento económico.

Fuente: El Observador