01.09.08 | Información forestal del Uruguay.

Curso errado sobre la tierra.

Es ilógica y errada la decisión de prohibir a extranjeros y sociedades anónimas tener campos en la frontera con Brasil y Argentina, anunciada por el ministro de Ganadería y Agricultura, Ernesto Agazzi. Desde el punto de vista conceptual, el proyecto de ley en ciernes contraría frontalmente la política del gobierno de atraer inversión externa productiva. La arremetida contra las sociedades anónimas ataca además un elemento de nuestra estructura jurídica. Y desde el punto de vista práctico, tiene dos debilidades notorias. Por un lado, su viabilidad es más que improbable. Por otro, el combate a los males que se presentan como excusa para la medida debe encarrilarse por vías que están disponibles y que solo requieren mejorar su eficiencia.

El interés extranjero por tierras uruguayas, no solo argentino y brasileño sino también de empresas de Nueva Zelanda y países europeos, ha multiplicado hasta cinco veces su valor. El resultado ha sido el ingreso de cuantiosos capitales y ventas redituables para productores rurales que antes le sacaban magro beneficio a sus campos. Nada hay de malo en esto, por más que en los últimos siete años haya cambiado de manos el 31% de la superficie agropecuaria. Al contrario, se ha tecnificado y aumentado agudamente la producción exportable.

Agazzi argumenta que las restricciones están dirigidas a frenar el contrabando y evitar el ingreso de enfermedades y virus, como nos pasó en 2001 con la epidemia de aftosa (episodio que nada tuvo que ver con la propiedad de la tierra). Del contrabando se culpa a propietarios extranjeros de campos a ambos lados de los 1.578 kilómetros de frontera con nuestros dos grandes vecinos, tanto de animales como de soja que traerían desde Argentina productores de ese país para exportarla como si fuera uruguaya y eludir así las retenciones que les impone su gobierno. Pero el contrabando se combate con vigilancia más efectiva y no con que los campos estén a nombre de propietarios uruguayos, reales o ficticios, que además también pueden ser tentados por el comercio ilícito. Igual razonamiento se aplica al ingreso de enfermedades, solo evitable con controles sanitarios más adecuados y eficientes.

¿Y qué hacer con los millones de hectáreas que ya están en manos de extranjeros y sociedades anónimas? Agazzi explicó que se “dará tiempo para que se nacionalice la propiedad” de la tierra en zonas limítrofes. Pero ¿quién las va a “nacionalizar”? ¿Las comprará el Estado a los actuales precios de mercado? ¿Le dará prestamos el Estado a particulares para que las compren? ¿Las expropiará lisa y llanamente? Son preguntas prácticas que tornan imposible la aplicación de esa eventual ley, salvo que se conculquen derechos de los propietarios extranjeros, en abierta violación al estado de derecho y con decidido ataque a la política de atraer inversiones que este mismo gobierno ha llevado a la práctica.

La lucha contra la propiedad extranjera de tierras viene de larga data. La promovía el nacionalista Carlos Julio Pereyra, cuya bandera ha sido recogida por el ex ministro de Ganadería, José Mujica, y su sucesor. Pero, como explicamos con fundamento en este editorial, es un curso plagado de vicios y argumentos endebles, que la administración del presidente Vázquez debe frenar por el bien del país.

 

Fuente: Diario El Observador